Ocho candidatos a la presidencia y la pena de muerte

Candidatos a la presidencia han propuesto reactivar la pena de muerte, sin embargo, no puede aplicarse por los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

Antes y durante la campaña electoral cuatro aspirantes a la presidencia de la república han ofrecido reactivar la pena de muerte, otros cuatro candidatos la apoyan, pese a que es inaplicable por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). La última vez que se ejecutó a alguien por inyección letal fue el 29 de junio de 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera.

Confirmado analizó la viabilidad de esa promesa porque son cuatro los presidenciables que han prometido aplicar la pena capital en caso ser ganar las elecciones. Además, porque se busca combatir la impunidad discursiva.

Los ofrecimientos

El presidenciable del partido Victoria, Amílcar Rivera Estévez, ha manifestado públicamente y en entrevistas de prensa su apoyo a la pena de muerte y su aplicación.En una entrevista con Emisoras Unidas, el 11 de abril, dijo que está a favor de las ejecuciones legales y el primer paso que daría es denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. “Legislar los delitos, para poderla aplicar y ejecutar”, señaló en esa oportunidad.

Semanas antes, el 21 de febrero a través de su red social Twitter, Roberto Arzú García-Granados, candidato a la presidencia por la coalición PAN-Podemos, mostró su apoyo a esta medida. “Sacaré el ejército a todas las calles del país para cuidar a todo Guatemala y les digo que haré todo lo que esté en mi poder para implementar la pena de muerte. No más extorsionadores que nos quitan el sueño día a día, acá no hay campo para los mareros”, tuiteó.

En una entrevista en el medio digital Articulo35 el presidenciable de Todos, Fredy Cabrera Martínez, prometió que de ser electo en su gobierno se aplicará ese castigo. “La pena de muerte está vigente, pero no se aplica. En nuestro gobierno la vamos a aplicar. La ventaja es tener un presidente que sepa de leyes y que tenga capacidad y carácter”.

El 23 de marzo, los medios elPeriódico, Guatevisión y Prensa Libre reportaron que durante un mitin en el municipio de Fraijanes, Guatemala la candidata a la presidencia por el partido Valor, Zury Ríos Sosa, ofreció que en su gobierno habrá pena de muerte.

Aunque no fue una promesa de campaña, en su cuenta de Twitter el presidenciable de Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar Hill, señaló que está a favor de aplicación de la pena capital. “Por eso con Blanca Alfaro (su vicepresidenciable), una mujer que en su carrera como jueza ha aplicado la ley de manera contundente contra secuestradores, violadores, estamos a favor de la pena de muerte, tenemos que aplicar justicia no solo como disuasivo si no como garante de la protección del pueblo”, escribió Escobar.

El 27 de marzo fue publicada una entrevista en Prensa Libre al presidenciable del partido Humanista, Edmond Mulet Lesieur se manifestó a favor de la pena capital. “Hay temas egregios, crímenes egregios, que merecen la pena muerte; sin embargo, en Guatemala no existe ese recurso fundamental en todos los procesos de pena de muerte que es el recurso de gracia. El Congreso de la República eliminó al recurso de gracia. En Guatemala la pena de muerte, en este momento, es inaplicable a menos que el Congreso la República vuelva a instalar el recurso de gracia”.

El 28 de marzo, en el medio Prensa Libre, el candidato a la presidencia por el partido Unionista, Pablo Duarte Saez de Tejada se mostró a favor de la pena de muerte. En ese medio, el tres de abril, el candidato a la presidencia del Partido Visión con Valores (Viva), Isaac Farchi Sultán, aceptó su apoyo a la pena capital.

La pena de muerte no es un tema que sea promocionado por los candidatos en redes sociales, pero sí en entrevistas o mítines. Desde el 18 de marzo, cuando se inició la campaña electoral, Arzú García-Granados ha publicado sobre la pena de muerte una vez en twiter y dos en Facebook. Rivera Estévez solo lo ha divulgado una vez en Facebook. El resto de candidatos (Ríos Sosa, Cabrera Martínez, Escobar Hill, Mulet Lesieur, Farchi Sultán y Duarte Saez de Tejada) se han referido sobre el tema exclusivamente en actividades partidarias y en entrevistas.

Corte de Constitucionalidad y la pena de muerte

El 24 de octubre del 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la aplicación de la pena de muerte para quienes sean sentenciados por los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y por la muerte del presidente o vicepresidente de la república. Además, expulsó del ordenamiento jurídico la pena capital para los culpables de la muerte de una o más personas como consecuencia de los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

Con esta decisión, la CC declaró inconstitucional los párrafos de los artículos 131, 132 Bis, 201, 201 ter y 383, que se refieren a la pena de muerte, del Código Penal. También las frases que se refieren a ese castigo en los artículos 12 y 52 de la Ley contra la Narcoactividad.

Antes de dejar sin efecto la pena capital para esos delitos, el 22 de marzo del 2016, la Corte también la eliminó para el delito de asesinato y declaró inconstitucional el párrafo que se refiere a esta medida del artículo 132 del Código Penal.

En ambas resoluciones, el argumento del máximo tribunal fue que los párrafos que se refieren a la pena capital contradicen con los artículos 17, 46 y 149 de la Constitución Política de la República, que establecen que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por el Estado tienen preeminencia sobre el derecho interno.

La resolución de la Corte del 24 de octubre del 2017 fue por una acción presentada por el abogado Marlon Estuardo García Robles, quien en una entrevista con Prensa Libre dijo que la inconstitucionalidad se presentó “porque la pena de muerte se incorporó en una reforma posterior (1996) a la ratificación a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Una vez ratificada la Convención, el Estado de Guatemala se comprometió a no incorporar dentro del ordenamiento jurídico la pena capital. Y posterior a ello se hicieron reformas e incorporaron la pena de muerte, inobservando la obligación internacional”.

No obstante, la pena de muerte sigue vigente en Guatemala, por lo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad no puede interpretarse como una abolición, algo que, según la Carta Magna solo le compete al Congreso de la República.

Abogados: es demagogia y engaño

Desde el punto de vista del abogado y constitucionalista Gabriel Orellana la pena de muerte no puede aplicarse debido a que existen convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado de Guatemala. A juicio de Orellana, son irresponsables los candidatos que se han referido sobre el tema, lo cual cataloga como un engaño para conseguir votos.

“Creo que no puede aplicarse, porque aun cuando la Constitución diga que el Congreso la puede abolir y es el único medio de abolirla, hay otro punto: la protección que establece la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la pena de muerte. Incluso cuando existiera la pena de muerte, existen recursos para evitar su aplicación. Los instrumentos internacionales han sido un freno adecuado para que no ocurra… Lo que estamos viendo es la irresponsabilidad con la que hablan estos individuos. Ellos lo que pretenden en ganar votos y engañar a la ciudadanía”, explicó Orellana.

Para Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala, no es posible aplicar la pena en referencia porque la Corte de Constitucionalidad, mediante sus resoluciones, expulsó del Código Penal, por declararlos inconstitucionales, los motivos para aplicar esta pena.

“No es cierto que se pueda reformar el Código Penal para reactivar la pena de muerte porque se tiene el compromiso de no hacerlo por la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humano. Para aplicar la pena de muerte se tendría que denunciar la Convención y eso no lo ha hecho ningún país. Lo que hizo Venezuela fue desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ni siquiera llegó a desconocer la Convención”.

La Real Academia Española (RAE) define demagogia como la degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. De esta manera Samayoa catalogó el ofrecimiento de los candidatos a la presidencia que aseguran reactivarán la pena capital.

Jorge de León Duque, abogado y ex procurador de los Derechos Humanos, coincidió en que no se puede aplicar la pena de muerte a raíz de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. “Es demagogia decirle al electorado lo que quiere escuchar. Vemos de nuevo que los candidatos quieren engañar a la población… Es triste que los candidatos se siguen empeñando en hacer esas propuestas absurdas”.

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