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El procedimiento utilizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para distribuir espacios en radio, prensa, televisión y vallas provocó reacciones en partidos y empresas de medios informativos de mayor cobertura.
El objetivo de las organizaciones políticas es que el TSE derogue el reglamento respectivo y el de los empresarios, que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva los recursos contra la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vinculados a la contratación de la propaganda electoral.
Durante los tres meses de campaña, los partidos se podrán promocionar dos veces diarias en las estaciones de radio y televisión registradas en la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (Uemceo) del TSE. Además, podrán pautar en medios escritos de escasa cobertura, con tarifas del 80 por ciento menos del precio de mercado.
Entre los medios que optaron por no inscribirse en la Uemceo están los impresos que más circulan (Prensa Libre, Publinews y Nuestro Diario), los canales 3, 7, 11 y 13, así como las estaciones radiales de mayor cobertura, entre las que se incluye a Emisoras Unidas, Nuevo Mundo, Organización Alius, RCN y Grupo Radial El Tajín, todos socios de la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala (CMCG).
El 23 de enero, la (CMCG) emitió un comunicado en el cual expuso que la LEPP limita la Ley de Emisión del Pensamiento, pues “obliga a los medios a crear aparatos de autocensura interna” y da derecho al TSE a intervenir en los departamentos comerciales de los medios al fijar horarios, espacios y precios, lo cual daña “gravemente la libertad empresarial”,
A las molestias se sumaron fiscales de organizaciones políticas, quienes reclaman la escasa propaganda a la que tendrán acceso. Mario Taracena, diputado y fiscal nacional por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que su partido junto a fiscales de otras agrupaciones preparan un memorial para presentarlo al pleno del Tribunal y que sea sometido a votación.
Según Taracena, promotor de la reforma electoral que creó la Uemceo, el objetivo nunca fue que se creará un reglamento que atropellara las estrategias de comunicación y campaña de los partidos.
Mientras tanto, Rodolfo Jiménez, presidente de la CMCG, recordó que desde las cámaras empresariales se han presentado desde hace dos años seis amparos contra la reforma electoral, pues están preocupados por las persecuciones penales que pudiera haber contra dueños y reporteros de medios.
Taracena agregó que como fiscales y representantes de las organizaciones políticas buscan que se amplíe el abanico de medios en donde se puedan promocionar: “La tarifa (20 por ciento del precio de mercado) se debe mantener: que los medios contribuyan a la democracia y ya no haya más festines con pauta política”, mencionó.
Jahir Dabroy, politólogo y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), indicó que “en un ámbito legal, sería inviable que los fiscales nacionales puedan anular un reglamento aprobado por el más alto tribunal en materia electoral”.
Yoni Ávila Girón,de la Unión del Cambio Nacional (UCN), puntualizó en que en la próxima reunión de fiscales de los partidos, el 31 de enero, se discutirá sobre las soluciones que podría tener una pauta propagandísticas por ahora muy limitada.
